Con 57 exitosos operativos se logró la consignación de 200 presuntos ecocidas y el aseguramiento de más de 500 m3 de madera preciosa

Cumple Fiscalía Ambiental tres años de velar por el patrimonio ecológico de los chiapanecos

Redacción

EL ECONOMISTA

Tuxtla Gutiérrez. A partir de la puesta en marcha de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Ambientales (FEPADA), la instancia dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) ha encabezado, en coordinación con instancias de los tres órdenes de gobierno, 57 exitosos operativos de prevención y vigilancia; la consignación de 200 presuntos responsables del delito de ecocidio y el aseguramiento de más de 500 metros cúbicos de madera preciosa.

Del primero de octubre de 2008 a la fecha se han llevado a cabo 12 desalojos pacíficos en áreas naturales protegidas y ocho operativos de cateo, así como el rescate de 20 ejemplares de vida silvestre, entre las que destacan guacamaya roja, puma, venado cola blanca, mono araña y saraguato, loro cabeza roja y loro cabeza amarilla.

De esta forma, la administración que encabeza el gobernador Juan Sabines Guerrero da cumplimiento a uno de los puntos del Acuerdo por un Chiapas aún más Seguro y a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), al establecer políticas públicas tendientes a garantizar la sustentabilidad ambiental y proteger el patrimonio ecológico de los chiapanecos.

En el marco del programa integral de profesionalización y capacitación que impulsa el procurador Raciel López Salazar, la FEPADA ha llevado a cabo 50 cursos dirigidos a servidores públicos, entre agentes del Ministerio Público, secretarios de Acuerdos Ministeriales, peritos especializados, elementos de la Policía Especializada, de la Policía Estatal Preventiva y de las policías municipales.

En junio de 2010, la FEPADA consignó ante el juez de la causa a Daniel Ramírez Esquinca como probable responsable del delito de Ecocidio en su modalidad de incendio, luego de haber sido reportado un siniestro en las faldas del cerro Nambiyiguá en el municipio de Villaflores.

La primera detención por provocar un incendio forestal se llevó a cabo tras la afectación de 40 hectáreas de bosque conformado principalmente por árboles de pino y encino, delito por el cual el ahora procesado podría alcanzar una pena hasta de 12 años de prisión.

Por otra parte, sobresalen los desalojos en las áreas naturales protegidas como el Parque Nacional Cañón del Sumidero, Reserva El Triunfo, y en las reservas municipales Cerro Mactumactzá en Tuxtla Gutiérrez y predio El Alazán en Tapachula.

Además se llevó a cabo el aseguramiento de las graveras clandestinas ubicadas en el barrio Las Comaleras y colonia Salsipuedes de San Cristóbal de Las Casas, y el desmantelamiento de la banda de talamontes conocidas como “Los Lotes” y “Los Jarochos”, esta última presuntamente responsable de la tala de más de 1,500 árboles de diversas especies en la zona de Cintalapa.

En septiembre del 2010 y con el objetivo de garantizar la seguridad de la población que habita los alrededores de la estación gasolinera Akishino, ubicada frente al jardín de niños Club de Leones de la ciudad de Tapachula, la PGJE colocó sellos y candados de alta seguridad en las bocatomas de los tanques de almacenamiento.

Lo anterior, derivado de las investigaciones que realizara la FEPADA ante la denuncia de los padres de familia y pobladores, quienes alertaron del riesgo que representaba la operación del establecimiento, toda vez que sufrieron alteraciones físicas por los gases que se generaban, poniendo en riesgo la salud de los menores del jardín de niños, que se encontraba a escasos 150 metros de distancia.

Actualmente la FEPADA cuenta con cinco mesas de trámite, lo que le permite ofrecer un mayor y mejor servicio a favor de la ciudadanía, privilegiando en todo momento el trabajo coordinado con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría de Medio Ambiente y Vivienda (Semavi) del gobierno de Chiapas, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), las secretarías municipales de Seguridad Pública, el Ejército Mexicano, la Procuraduría General de la República (PGR), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Con estos hechos, el gobierno del estado reitera su inquebrantable compromiso con la sustentabilidad del medio ambiente, por lo que hace un llamado a la población en general a sumarse a este esfuerzo y denunciar si conoce de la comisión de cualquier delito que ponga en riesgo el equilibrio ecológico en la entidad.