EL ECONOMISTA
Tapachula. Durante su participación en las manifestaciones hechas en los municipios de Tapachula y Huixtla, los damnificados del huracán Stan expresaron: “Dicen que el tiempo cura las heridas, sin embargo, cuando una persona se ensaña con la sociedad y goza de impunidad, las heridas permanecen vulnerables”.
Y es que a seis años del paso devastador del Stan, poco más de 10,000 familias afectadas, de varias comunidades de los 41 municipios afectados en 2005, permanecen a la espera de que les sea entregada la vivienda y los apoyos que prometieron los gobernantes en turno, especialmente el ex gobernador Pablo Salazar Mendiguchía.
La Conmemoración en Tapachula
El municipio de Tapachula por su extensión geográfica, su densidad demográfica, además de su hidrografía fue uno de los municipios con el mayor número de familias afectadas, por lo que año con año el obispo de la Diócesis de Tapachula, Leopoldo González González, encabeza la ceremonia religiosa para pedir por el descanso eterno de todos aquellos que perdieron la vida durante la tragedia.
Sin embargo, en este año fue el párroco de la iglesia del Señor de Esquipulas quien encabezó la ceremonia, ya que debido al bloqueo carretero en Tuzantán, el obispo de Tapachula no pudo llegar a esta cita cuando procedía de la ciudad capital, Tuxtla Gutiérrez.
Cabe señalar que luego de la ceremonia religiosa en la iglesia que se ubica en la colonia Las Américas, a un costado del río Coatán, los feligreses, deudos y familiares de los fallecidos partieron en procesión hasta las márgenes del Coatán para bañar la imagen de Esquipulas con sus aguas y depositar ofrendas florales.
Posteriormente, en el monumento donde se plasmaron los nombres de las personas que perdieron la vida durante los desbordamientos de los ríos en la Costa, Sierra y Soconusco, se realizó una guardia de honor encabezada por el coordinador de los damnificados, Carlos Tapia Ramírez.
Ahí los damnificados exigieron todo el peso de la ley contra el ex gobernador Pablo Salazar Mendiguchía por los delitos de peculado, asociación delictuosa, enriquecimiento ilícito, violación a los derechos humanos y abuso de poder.
Tapia Ramírez reconoció la sensibilidad del gobernador Juan Sabines Guerrero para hacer justicia a los chiapanecos damnificados; hizo también un llamado al presidente de la república: “Queremos que se consigne a Pablo Salazar por delitos federales y desvíos de fondos para la reconstrucción. Pedimos y exigimos a Calderón Hinojosa que no deje sólo al gobernador Juan Sabines, y que los diputados federales y senadores chiapanecos hagan algo para que este caso no quede impune”.
Y es que la Procuraduría General de la República (PGR) tiene en su poder más de media docena de averiguaciones previas que no han trascendido desde hace más de tres años, por lo que pidió a los legisladores que llamen a la procuradora General de la República, Marisela Morales Ibáñez, e informe a los chiapanecos el estado procesal actual que guardan las indagaciones del caso Stan.
Amas de casa y profesionistas que acompañaron esta conmemoración señalaron que las viviendas que les entregaron en los fraccionamientos de Vida Mejor carecen de servicios básicos o son deficientes, además de que presentan filtraciones severas en temporada de lluvias, además de que por los sismos que se han resentido en la zona las casas muestran algunas fisuras, debido a la pésima calidad de materiales y el trabajo.
Por ello destacaron que en los próximos días sus demandas serán interpuestas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) e incluso con autoridades internacionales para que el gobierno federal “aplique la ley hasta sus últimas consecuencias, en contra de quienes cometieron fraude aprovechándose del dolor de la gente”.
Marcha Mitin en Huixtla
El coordinador del Consejo Regional de Damnificados del Huracán Stan, Carlos Tapia Ramírez, aseguró que los movimientos de este 4 de octubre de 2011 no tienen tintes políticos electoreros, y exigió a las autoridades competentes para que hagan que Pablo Salazar Mendiguchía pague con cárcel su delito, y además devuelva todos los millones de pesos “que se robó”.
Fueron más de 300 damnificados por el huracán Stan los que participaron en la marcha convocada en el municipio de Huixtla, para solicitar cárcel a los responsables del desvío de los recursos destinados a la reconstrucción en Chiapas.
Los manifestantes con mantas y pancartas realizaron primero una marcha de protesta que partió de la entrada del municipio de Huixtla, para recorrer sus principales calles y concluir con un plantón al exterior del Centro de Reinserción Social Número 7 de esta ciudad, lugar en el que se encuentra recluido Salazar Mendiguchía.
El contingente, encabezado por Tapia Ramírez, pidió que se finque responsabilidad a Salazar Mendiguchía y a otros ex funcionarios de Chiapas, “ya que ni con 1,000 años de cárcel podrían pagar todos sus abusos y atropellos”.
Lo anterior, por el fraude cometido en el orden de más de 11,000 millones de pesos detectados en las investigaciones que ha hecho la Contraloría Estatal a los recursos de la reconstrucción.
Asimismo pidió que se investigue al ex gobernador por enriquecimiento ilícito, ya que aseguran que después de haber ocupado ese cargo adquirió residencias monumentales y grandes refaccionarias en varios estados del país, así como lujosas propiedades en el extranjero.
Tapia Ramírez, en representación de los damnificados, advirtió a las autoridades que se mantendrán al pendiente de este proceso en contra de Pablo Salazar Mendiguchía para que su traslado a este penal de mínima seguridad no sea un preámbulo de su liberación, tal y como ocurrió con el ex procurador, Mariano Herrán Salvatti.
Por espacio de dos horas los damnificados también pidieron que, ante la vulnerabilidad de ese penal, se traslade a Pablo Salazar a una cárcel de alta seguridad federal.
Stan, el recuento
Era la mañana del 4 de octubre de 2005 cuando las fuertes y continuas lluvias originadas por el paso del huracán sobre el territorio chiapaneco hicieron de las suyas. Luego de tres días de lluvias ininterrumpidas se reblandeció la tierra y las montañas no aguantaron más.
Toneladas de piedra y lodo se dejaron caer por las laderas y pararon en los ríos, formando grandes avenidas de agua que de manera inesperada ocasionaron los desbordamientos de los ríos que durante temporada de estiajes permanecen reducidos e indefensos.
De inmediato se activó la emergencia y las autoridades de los tres niveles de gobierno emplearon todas sus fuerzas para tratar de apoyar a los damnificados trasladándolos a lugares seguros.
En todos los municipios se instalaron albergues en escuelas, salones de eventos sociales y salones privados del sector empresarial, para dar cobijo, comida y atención médica a las familias que vieron derrumbar y desaparecer su patrimonio y hasta a sus seres queridos.
La ayuda no se hizo esperar de todas partes de la república y hasta del extranjero, vía aérea a través del Aeropuerto Internacional de Tapachula (AIT) y por vía marítima a través de Puerto Chiapas, que aún permanecía en construcción y tuvo que improvisar el recibimiento de embarcaciones de gran calado.
El Fondo de Desastres Naturales (Fonden) de inmediato liberó los recursos necesarios para la reconstrucción de las vías de comunicación terrestre, carreteras, puentes, viviendas, escuelas, edificios públicos y hasta para dotar de enseres domésticos a quienes sufrieron en carne propia la devastación.
Sin embargo, hoy a seis años de la tragedia el dolor no desaparece, las heridas siguen abiertas y la reconstrucción no culmina, por ello los damnificados, encabezados por Carlos Tapia Ramírez, agradecieron al gobernador Juan Sabines Guerrero la gestión de casi 5,000 millones de pesos para terminar este proceso y que la ayuda llegue a quienes realmente lo necesitan.
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